La idea de gravar con un impuesto especial los alimentos que contengan demasiadas grasas perjudiciales no es nueva. Se viene discutiendo desde hace algunos años y se han publicado estudios sobre el impacto que tendría en la reducción de la obesidad. La novedad está en que desde principios de mes se ha puesto en marcha por primera vez y Dinamarca ha sido el país pionero.
Es una medida polémica que reclaman algunos expertos en nutrición españoles y rechazan varios representantes de los consumidores y de la industria alimentaria. El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, no descarta adoptar iniciativas parecidas. En Hungría se acaba de aprobar una tasa similar, pero para los alimentos y bebidas con altos niveles de sal, azúcar, hidratos de carbono y cafeína. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad español señala que «en estos momentos no hay ningún planteamiento al respecto«
Los daneses tienen que pagar unos 33 céntimos más por un envase de mantequilla o margarina y nueve céntimos extra por una bolsa de patatas fritas. El recargo es de 2,15 euros por cada kilo de grasa saturada, aunque sólo se aplicará a aquellos productos en los que este tipo de componentes que favorecen la obesidad y las enfermedades cardiovasculares representen más del 2,3% de la composición. Curiosamente, Dinamarca no es uno de los países con un índice de obesidad más alto. Tan sólo el 10% de la población tiene este problema, mientras que en España y otras naciones ya se ha superado el 17%. Pero el Gobierno del estado nórdico se apoya en un estudio del Instituto Danés de Alimentación y Recursos Económicos que asegura que cerca del 4% de las muertes prematuras de este país se deben al consumo excesivo de grasas saturadas.
En teoría, el encarecimiento de los productos ricos en sustancias poco saludables tiene un efecto disuasorio. Las empresas de alimentación se animarán a buscar alternativas para producir alimentos sin penalización económica y los consumidores vigilarán más su bolsillo y se decantarán por comestibles más baratos y saludables. Además, existe un trabajo británico realizado en 2007 se calcula que se podrían salvar 3.200 vidas al año en Reino Unido con la combinación de impuestos a las comidas poco saludables y descuentos a las más aconsejables.
Lo cierto es que no existe consenso sobre la bondad de una iniciativa de este tipo. Muchos médicos especializados en la materia, como Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, creen que la iniciativa podría trasladarse a España con ciertos matices. «En principio, estaría de acuerdo con la medida, siempre y cuando el dinero recaudado se destinase a abaratar productos como el arroz y el pan integral, las verduras, las frutas o las hortalizas, que generalmente son más caros que los alimentos menos recomendables». Estos incentivos para lograr una dieta más sana ya se han puesto en marcha en algunos estados de EEUU, donde se reparten vales de descuento para la compra de frutas y verduras a las personas con peores recursos económicos.
Una vuelta por el mercado o el supermercado basta para comprobar que los comestibles ricos en grasas saturadas son considerablemente más baratos que los vegetales. De ahí que diversas investigaciones hayan demostrado una relación entre un bajo nivel económico y una mayor prevalencia de obesidad. Según Aranceta, «ahora es más barato comer en una hamburguesería que tomar el menú del día».
El experto pone alguna objeción al proyecto danés: el límite del 2,3% de grasas saturadas le parece exagerado. «Seguramente ellos se han adaptado a su realidad, en la que los quesos untables o las mantequillas se consumen mucho más que aquí», declara. Por otro lado, apunta que la medida debe ir acompañada «de una buena información al consumidor, para que se gaste el dinero en otros alimentos».
La información y la educación son, precisamente, dos de las palabras clave que pronuncia José Ignacio Arranz, director general del Foro Interalimentario (asociación sin ánimo de lucro integrada por distintas empresas de alimentación con el objetivo de mejorar la formación alimentaria de los consumidores). Pero, en este caso, el representante del sector rechaza de plano el impuesto. «No hay alimentos buenos ni malos; no se pueden gestionar como la política antitabaco«, afirma.
«El mayor fracaso político sería perder de vista el carácter multifactorial de la obesidad», alega el experto. Esta enfermedad está asociada al estilo de vida, que engloba, además de la alimentación, la educación, el ejercicio físico, la habilitación de espacios para que los niños jueguen… Por eso, concluye que lo que procede es «una estrategia educacional e incentivar a la industria para que lleve a cabo actividades de investigación, desarrollo e innovación dirigidas a conseguir perfiles nutricionales más saludables». Algo que, asegura, «ya se está haciendo».
Arranz es partidario de implantar, cuando se crea conveniente, restricciones a la publicidad de productos poco saludables, así como de imponer «un techo a los alimentos con grasas saturadas o trans». Esto último debe estar sustentado por «bases científicas sólidas».
Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, también ve con recelo la decisión danesa, que incide directamente en el poder adquisitivo de la población. «Entendemos que es necesario emprender acciones regulatorias para mejorar la calidad de los alimentos que hay en el mercado, pero un impuesto puede provocar que las empresas lo repercutan en el precio y no se cumpla la finalidad de mejorar la salud», asevera. Una de las alternativas que propone es «establecer límites máximos al porcentaje de grasas saturadas que puede contener un producto», así como «pedir a los fabricantes que anuncien de manera destacada en el etiquetado que se trata de un alimento poco saludable».
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