En estos duros tiempos de depresión económica, la Sanidad ha sido una de las principales víctimas de las medidas de austeridad. Lejos de aprovechar el momento para realizar reformas y optimizaciones en el sistema de salud, se ha optado por la torpe maniobra de pasar la tijera y dejarlo casi todo tal cual está. En lugar de reforzar los cimientos y eliminar lo superfluo, se opta por ahorrar en los materiales que forman toda la estructura sanitaria, dejándola en un progresivo deterioro. Mientras tanto, alertan cínicamente del derrumbe de su sostenibilidad los mismos que están ahorrando en su mantenimiento. La Sanidad requiere de unos buenos gestores que extirpen las neoplasias sin dañar al resto del sistema sanitario. Desgraciadamente, no parece que este sea un lugar para refinamientos quirúrgicos, aquí se llevan las amputaciones.
Recortar, sin reformar, en Sanidad es grave ya por sí mismo, pero si a ello unimos una población con cada vez mayor riesgo de pobreza y afectada psico-socialmente por estos tiempos tormentosos, el cóctel resulta explosivo. Muchas de las consecuencias ya están sucediendo, invisibles, otras las veremos dentro de unos años. Pero sin estudios médicos que los saquen a la luz, sin evidencias que destapen estas vergüenzas, los responsables de estas medidas no tendrán que rendir cuentas a nadie, no ya legalmente (en un lugar en donde la corrupción campa a sus anchas), sino también moralmente. Por eso, es estrictamente necesario levantar la voz y proponer públicamente los siguientes estudios médicos, imprescindibles para evidenciar el peso de sus acciones. Para que vean la realidad a la cara y se sientan responsables (si tienen un mínimo de empatía) pero, sobre todo, para que ellos sepan que nosotros lo sabemos a ciencia cierta y que es el primer paso para actuar en consecuencia.
1. Estudios de gasto sanitario en tratamientos de nula o dudosa utilidad o fármacos me too
¿Cómo puede ser que un país, en el que se recortan miles de millones en Sanidad, no haya tomado rápidamente la decisión de renunciar a la financiación pública de tratamientos cuya eficacia es nula o dudosa según la evidencia científica? ¿Cómo puede un país, que obliga al repago de fármacos a los pensionistas, financiar nuevos medicamentos que no ofrecen mejoras terapéuticas pero son inmensamente más caros? ¿Cómo puede un país gastar alrededor de 100 millones anuales sólo en fármacos como los condroprotectores, cuando se sabe, desde hace años y sin lugar a dudas, que son inútiles, mientras se cierran servicios de salud y quirófanos en hospitales?
En un país dónde el 1,27 % del PIB va a medicamentos no nos podemos permitir comprar humo medicamentoso a precio de oro. Y si las autoridades creen que sí, que digan por qué.
Un estudio que cuantificara el gigantesco volumen de gasto que supone estos tratamientos para nuestro sistema de salud tendría unos resultados tan rotundos que sería imposible mirar a otro lado. Clamarían respuesta porque es criminal recortar en servicios básicos sanitarios mientras se gastan millonadas en caprichos farmacéuticos.
2. Estudios de la incidencia de suicidios
Todos los intuimos, pero especialmente los psicólogos y los psiquiatras: los suicidios van en aumento… pero no hay todavía ninguna manera de demostrar por qué. Si alguien se suicida como consecuencia principal de estar en el paro, perder el trabajo o intentar sobrevivir a la precariedad laboral, nadie se enterará, porque no aparecerá en ninguna estadística. ¿La razón? El Instituto Nacional de Estadística, que recoge año a año las cifras de suicidios, no tiene en cuenta los factores causales/desencadenantes. Sin embargo, sí sabemos que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, por delante de los accidentes de tráfico y que los países con mayores penurias por la crisis como Grecia sufren un evidente aumento del número de suicidios. Si la DGT realiza estudios para conocer las causas de siniestralidad y toma medidas con respecto a ello, ¿por qué no se realizan estudios sobre suicidios, que producen más muertes? ¿Vamos a consentir que este tabú se convierta en eterno y hacer como que el problema no existe?
Hay un miedo generalizado, tanto entre políticos como entre los medios de comunicación, a hablar sobre el suicidio por temor a un “contagio”. En realidad, si la información que se ofrece sobre el suicidio sigue una serie de criterios básicos no sólo no fomenta la inducción a más suicidios sino que es una poderosa herramienta para disminuir su incidencia. Lo hemos podido ver a lo largo de la historia de varios países. Australia, por ejemplo, ante un incremento dramático del número de suicidios en los años 80, creó una Asociación para la Prevención del Suicidio. Esta asociación emitió una serie de guías a los medios de comunicación y se realizó una campaña mediática en 1987. El trato de los medios con respecto al suicidio cambió, los casos de suicidio disminuyeron en más del 80 % a partir de esta campaña y el índice de suicidios se mantuvo bajo desde entonces. ¿Cómo vamos a realizar campañas de prevención del suicidio en España si ni siquiera se reconoce ni estudia este gran problema? Es necesario presionar con estudios científicos a los políticos para demostrarles la magnitud del problema y su responsabilidad en el asunto.
3. Estudios de mortalidad y morbilidad (enfermedad) antes y después de los recortes sanitarios
Es de sentido común: muchas veces, lo barato termina saliendo caro. Cuando esto lo trasladamos al terreno sanitario las consecuencias son aún más nefastas: “ahorrar” en tratamientos efectivos no sólo terminará saliendo más caro económicamente con el paso del tiempo, es que a ello irá añadido un empeoramiento general de la salud de la población y una mayor mortalidad. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si dejamos sin atención sanitaria rutinaria a los inmigrantes, sus enfermedades irán empeorando hasta que, cuando ya no puedan aguantar más, acudirán o los llevarán a Urgencias con un problema médico difícil de atajar y mucho más caro de tratar. Así, si a un inmigrante con VIH se le deniega el tratamiento cotidiano de su enfermedad, más tarde o más temprano terminará en Urgencias para, posteriormente, ser ingresado en el hospital con una grave inmunodeficiencia.
Además de lo anterior, dejar sin atención sanitaria a los inmigrantes no sólo les perjudica a ellos, también al conjunto de la sociedad en materia de enfermedades transmisibles. Si una persona inmigrante con tuberculosis no recibe su tratamiento se convertirá en un trasmisor de la enfermedad. Así, en el futuro, en lugar de pagar el tratamiento de una única persona habrá que pagar el tratamiento de ésta cuando esté en un estado avanzado y los tratamientos de aquellas que se contagien.
Los jubilados tampoco están a salvo de los tijeretazos sanitarios. Afectados por recortes indirectos en sus pensiones, tendrán que pagar por adelantado un 10 % de sus medicamentos, con un tope de 30 euros en 3 meses, siendo lo demás reembolsado. Parece una minucia, pero con unas pensiones cada vez más raquíticas en un país con cada vez más impuestos y con Comunidades Autónomas que pagan tarde, mal y nunca a las farmacias, no faltarán jubilados que tengan que decidir entre sus tratamientos y otras necesidades como la comida, la luz, el agua o ayudar a sus hijos en paro. Una omisión de tratamiento en personas tan vulnerables como los ancianos puede tener desastrosas consecuencias.
En Grecia, ya se está evidenciando las consecuencias de los recortes en Sanidad. En el último Congreso de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ortopedia y Traumatología, se presentaron unos resultados inquietantes: Investigadores del país heleno detectaron un aumento en la demora, estancia y mortalidad por fracturas de cadera al tiempo que se usaban implantes y fármacos más baratos. ¿Y los costes totales por la atención al paciente? Lejos de disminuir, aumentaron.
El tratamiento eficaz contra enfermedades no es un lujo en el que se pueda recortar, es una necesidad que, a la larga, disminuye sufrimiento humano y gasto sanitario. Las enfermedades no dejan de empeorar por una crisis económica. De hecho, como consecuencia de ella y del estrés desencadenado, suele conducir a un empeoramiento de la salud en la población si no existen niveles adecuados de protección social.
Nunca hay que olvidar que en Sanidad no sólo cuestan los tratamientos o el personal sanitario, también las personas que están enfermas o mueren tienen un elevado coste: humano, emocional (para ellos y su entorno) y económico para las cuentas del Estado. Por eso, es necesario que se realicen estudios epidemiológicos sobre cómo evolucionarán la morbilidad y la mortalidad antes y después de los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en nuestro país. Si los políticos son los responsables de llevarlas a cabo, también son los responsables de las consecuencias de sus acciones. Y si se termina comprobando, mediante estudios, que sus decisiones han conducido a un aumento de mortalidad y de morbilidad en la población deben rendir cuentas. Cuando un médico causa daño a un paciente por una negligencia también debe rendir cuentas. Los responsables de la Sanidad Pública no deben ser menos, tienen a millones de pacientes a su cargo.
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